Por Juan Martin.
Hace tiempo que en Río Negro el gasto supera recurrentemente los ingresos, y los contribuyentes son quienes terminan pagando la cuenta.
La ley impositiva recientemente sancionada a instancias del Gobierno y sus aliados agrava esta situación, exprimiendo aún más el bolsillo de los ya castigados contribuyentes. Toda una paradoja para una provincia que se jacta de haber sido la primera en adherir al RIGI y que celebra las nuevas inversiones, a la vez que castiga con un impuestazo a los que vienen invirtiendo desde hace rato.
Entre los desatinos de esta nueva ley, se eliminan topes al impuesto inmobiliario y se reducen beneficios para contribuyentes cumplidores. Aunque el discurso oficial habla de progresividad, las medidas carecen de equidad y aumentan la carga fiscal sin considerar la realidad económica de la provincia.
La ley también grava sectores antes exentos, como servicios ganaderos, forestales y pesqueros, golpeando al corazón productivo de la provincia. También elimina incentivos por cumplimiento fiscal, afectando a las PyMEs, motor de la economía rionegrina.
Además, suben alícuotas en combustibles (2% a 3,5%), transporte (1% a 2%) y telecomunicaciones (fija: 3% a 4%; móvil: 6% a 6,5%). Por otra parte, la modificación de «exención» por «alícuota 0%» para diversas actividades podría derivar en futuras imposiciones fiscales.
Claramente este no es el camino correcto. Río Negro no necesita más impuestos, sino un Estado que administre sus recursos de manera eficiente. Esta voracidad fiscal no es sostenible y, a largo plazo, solo desincentiva la inversión, la producción y el trabajo.
Los bolsillos de quienes sostienen nuestra economía ya no dan para más. Es hora de poner un freno a este modelo y apostar por una gestión responsable, que alivie la carga sobre los contribuyentes y fomente el crecimiento económico en nuestra provincia.
(*) Legislador rionegrino (PRO – Unión Republicana).