El presidente Javier Milei recibió un desastre económico y social. El populismo kirchnerista fue un veneno, tanto para la economía como en términos de distorsión en los valores. El DNU y la llamada ley Ómnibus representa una decisión de producir una profunda transformación en el sistema económico y social. Implica sustituir un esquema estatista e intervencionista que sofoca la iniciativa privada por un ámbito de libertad económica, respecto a la propiedad privada, una modernización laboral, junto a la necesaria reforma del Estado, para disminuir su enorme peso sobre la actividad productiva. Y la reducción de impuestos.
En mi opinión, reformas cruciales como la reforma laboral y las privatizaciones, por ejemplo, deberían instrumentarse por ley, para dotar de mayor seguridad jurídica a los agentes económicos.
Lo positivo es que se están debatiendo temas que durante décadas se barrieron debajo de la alfombra. Temas vinculados con reformas imprescindibles para promover la inversión, generar empleo en blanco, crecer y minimizar la pobreza.
La esencia del DNU y de la ley Ómnibus está alineada con la filosofía liberal de la Constitución: remover obstáculos para invertir, producir y aumentar la libertad de elegir.
Compartimos el análisis de destacados economistas que contribuyan a arrojar luz sobre las perspectivas económicas:
Miguel Kiguel, director de Econviews, en una columna en LA NACIÓN, destaca que las prioridades del programa actual son: juntar dólares para recomponer las reservas internacionales, reducir el déficit fiscal y sincerar precios que estaban reprimidos por una gestión intervencionista. Considera que para una segunda etapa quedaron otros temas macro, como unificar el tipo de cambio, eliminar el cepo y bajar la inflación.
En lo referido a las fortalezas y debilidades del programa, Kiguel señala que las fortalezas son las reformas estructurales y la búsqueda de llegar rápidamente al equilibrio fiscal. Agrega que eso contrasta con una falta de claridad respecto del futuro de la política monetaria y cambiaria y con las preguntas que surgen respecto de la sostenibilidad política y social del programa.
Comenta que el inicio de la gestión fue auspicioso gracias a que la devaluación inicial, que llevó el tipo de cambio a 800 pesos, que era alto y corregía el atraso grosero que dejó la gestión de Sergio Massa. El tipo de cambio alto era y es la llave para comenzar a recomponer reservas y salir del atolladero de reservas negativas que estrangulan el comercio exterior.
Como interrogante, plantea que no todo luce color de rosa, ya que en simultáneo con la devaluación se anunció que el peso se iba a depreciar al 2% mensual, aunque sin aclarar por cuánto tiempo. Plantea que el problema radica en que, si el 2% se mantiene por varios meses, con la inflación entre diciembre y febrero acumulando cómodamente al 75%, el atraso cambiario se va a notar rápidamente.
Agrega que el ancla del programa es el equilibrio fiscal, con un ajuste que sobrepasa las expectativas que tenía gran parte de los analistas e inversores. Enfatiza en que esto es importante, porque la eliminación del déficit es central para bajar el riesgo país y convencer al mundo de que nos vuelva a prestar. También es una condición necesaria para bajar la inflación. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y los inversores aplauden lo que se vio reflejado en una baja del riesgo país.
Mariano Ghirardotti, Socio del estudio Ghirardotti & Ghirardotti, expresa en El Cronista que muchos contribuyentes recibieron con preocupación la noticia del retiro del paquete fiscal. Destaca que la preocupación radica en el retraso en la llegada de la moratoria, del blanqueo y la reducción de la tasa máxima del impuesto sobre los Bienes Personales.
Agrega que las provincias ven a la espera por recursos provenientes del impuesto a las Ganancias vinculado a retenciones al personal en relación de dependencia, diferirse en el tiempo, lo cual abre múltiples interrogantes sobre la financiación de sus gastos.
Destaca también la preocupación del sector empresario, en prever cuál será la variable de ajuste elegida por los gobiernos provinciales a efectos de suplir la recaudación que llegaría mediante las mencionadas retenciones de impuesto a las ganancias. En efecto, las provincias ante la falta de recursos pueden apelar a viejas y nocivas costumbres como las siguientes:
“Las provincias que actualmente utilizan los regímenes de retención y percepción para generar un mayor cumplimiento, pero cuyo objetivo oculto es recaudar por encima de las alícuotas de ingresos brutos establecidas por la ley causando un grave daño a las finanzas de los contribuyentes”, agrega.
Mariano Ghirardotti opina que el incrementar dichas recaudaciones profundizará el perjuicio financiero y económico a las empresas que hoy en la mayoría de los casos registran saldos a favor del contribuyente, es decir le prestaron dinero al fisco a tasa cero, en un momento que no existe crédito privado. Y si se consigue, la tasas que se pagan son prohibitivas.
“Como corolario, el Gobierno debe pactar rápido con las provincias para que no se genere un desorden que hasta puede implicar la emisión de bonos o cuasi monedas por parte de las mismas, generando graves trastornos a la economía”, concluye.
