Por JULIÁN GADANO. Ex subsecretario de Energía Nuclear. Sociólogo. Profesor de la UBA y la Universidad de San Andrés.
El 12 de mayo, en un acto que contó con la presencia de las máximas autoridades del Ministerio de Economía, el gobierno anunció “la reactivación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP)” localizada en Arroyito, frente a la ruta 22, en Neuquén.
En aquel momento, la actual Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en una entrevista que dio por esos días, afirmó que “la planta la paró el macrismo en 2017 debido a una decisión política de dejar de producir agua pesada”. Infaltable esa frase.
Pasados 5 meses de aquel anuncio, es un buen momento para reflexionar sobre el tema y responder algunos interrogantes.
Arranquemos explicando brevemente qué es la PIAP. Las centrales nucleares de potencia generan energía eléctrica a partir de lo que se conoce como “fisión nuclear”, lo que consiste en romper (fisionar) un átomo de un elemento pesado (típicamente, Uranio). La fisión debe producirse en un entorno que modere la reacción en cadena. La mayor parte de los reactores del mundo utilizan lo que se denomina “uranio enriquecido” como combustible, lo que significa que se aumentó artificialmente la proporción del isótopo fisionable (235) a aproximadamente un 5%. En estado natural, esa composición es menor al 1%. El moderador de este tipo de centrales nucleares de “uranio enriquecido” es agua liviana, esto es, agua destilada, común.
Sin embargo, en el caso argentino, las tres centrales nucleares que operan en nuestro país funcionan con uranio natural (alrededor de 1% del isótopo 235) y, por lo tanto, necesitan un moderador diferente, denominado “agua pesada”. El agua pesada tiene una composición diferente al agua “liviana” porque sus moléculas, además de un átomo de oxígeno tienen dos átomos de deuterio (D2O), en vez de hidrógeno (H2O). El deuterio es un hidrógeno “pesado” que tiene un neutrón más en su núcleo, lo que hace al agua pesada un 10% más densa: un litro pesa 1.105 gramos, contra los 1.000 gramos de igual volumen de agua común. El agua pesada no existe en estado natural. Hay que producirla.
En los 70s, en medio de la guerra fría y para asegurar el abastecimiento frente a eventuales faltantes en el suministro, la CNEA comenzó a explorar la posibilidad de disponer de una planta propia. Luego de varias idas y vueltas, se decidió comprar una planta bajo la modalidad “llave en mano” a una empresa multinacional de origen suizo, Sulzer. La planta fue inaugurada en 1993 por los entonces gobernador de Neuquén y presidente de la Nación, Jorge Sobisch y Carlos Menem, respectivamente.
Pero la planta fue pensada en los 80s para un plan nacional de construcción de centrales nucleares de agua pesada muy ambicioso, de hasta 10 centrales. En el 93 la realidad era otra: sólo 2 centrales operando y Atucha II parada. Lo cierto es que -de entrada- la planta quedó grande. Solamente produjo cantidades razonables para su tamaño en 4 años desde su puesta en marcha, y vinculado eso a la carga inicial para Embalse y Atucha. Y nunca generó a su nivel máximo (200 tn). El año de mayor producción fue 2011 (158 tn) y a partir de ahí bajó sustantivamente la actividad. En 2013 y 2014 produjo un promedio anual de 27 tn (el 13% de su capacidad máxima) y en 2015 directamente no elaboró nada. Cuando tomamos el gobierno en 2015, la planta llevaba casi un año parada, y estaba en muy malas condiciones.
Mito a derribar: la idea de que la planta producía a todo vapor y “fue parada por el macrismo” es falaz. “El macrismo” sí la encontró parada y la reactivó en 2016 para lo cual invirtió 100 millones de dólares, produjo las 50 toneladas que la empresa operadora había cobrado y no entregado, y realizó un stock. En concreto, la planta en 2015 no tenía clientes y tenía que pagar los salarios a más de 400 operarios. Ese dinero salía de la CNEA, es decir del Tesoro Nacional. Luego, efectivamente, se volvió a parar la planta y se inició un plan paulatino y voluntario de desincorporación de personal. ¿Por qué se hizo eso? Porque se llegó a la conclusión de que la planta no tenía mercados. No había demanda de agua pesada más allá de un pedido puntual de no más de 10 toneladas.
Pero en paralelo se le encomendó a la Agencia de Inversiones que hiciera un estudio de factibilidad a efectos de cotizar la reconversión de la planta para que produzca fertilizantes basados en Urea. La realidad es que, en 2019, el mercado no mostraba viabilidad: precios bajos y sobre-oferta de producto. Por lo que se decidió suspender la búsqueda de socios inversores para cuando el escenario sea favorable.
Bueno, ese escenario llegó. De un precio promedio de 200 dólares/tn entre 2016 y 2020, el precio de la urea se estabilizó en 520 dólares/tn hoy, con picos de 800 dólares/tn en 2022. Pero lo más importante: el mercado está sub-ofertado y lo estará por bastante tiempo, por la salida de Rusia y Ucrania como proveedores y por los precios más altos del gas natural, junto a su sobredemanda para otros usos.
Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Energía y de CNEA anuncian un plan de reactivación de la PIAP para producir… ¡agua pesada! Y, por supuesto, con fondos públicos. De acuerdo a lo que declaró recientemente la Presidenta de CNEA, ello se debe a la necesidad de “contar con stock estratégico” y porque “tenemos varios interesados del exterior”. El Estado va a invertir 25.000 millones de pesos porque “hay algunos interesados” sobre los que no hay ni documentos, ni contratos ni -sobre todo- precio. Porque -como incluso reconoció la Presidenta de CNEA-, el costo de producción del agua pesada de Arroyito duplica el precio internacional. Por lo que, una de dos: o tales mercados no aparecerán, o la CNEA va a vender por debajo del costo para justificar la “inversión” en ponerla en marcha. Suponiendo que alguna de esas “manifestaciones de interés” se convierta en realidad, seguramente serán pedidos puntuales de 20 o 30 tn por única vez. Gran negocio del comprador: alguien invierte millones en una planta que requiere producir como mínimo 100 tn por año, para venderle una partida de 20 tn por única vez. Poné una carnicería, que te voy a comprar 1 kilo de asado.
Eso no es una política comercial. Es una decisión de comprometer fondos públicos en base a indefinidas “muestras de interés” que no tienen ni plazos, ni precio ni compromisos de ningún tipo.
Por otra parte, la Presidenta de CNEA afirmó que “es necesario garantizar el suministro de Agua Pesada para nuestras centrales”. Es importante tener claro un punto: el agua pesada no es un insumo de consumo continuo. Se carga por única vez antes de la puesta en marcha, y luego a lo sumo se necesita una pequeña cantidad para reposición. Por otro lado, Argentina no planifica construir nuevas centrales de agua pesada, por lo que se estima que se requerirán unas 600 tn de acá al final de vida útil de las centrales actuales. Los próximos 40 años. La producción de 3 años de la planta, para abastecer 40 años de operación de 3 centrales nucleares. ¿Y después? Es como tener una refinería para una flota de 5 camiones. Y hay un detalle muy importante a tener en cuenta: hace unos meses Nucleoeléctrica Argentina (la operadora de las centrales nucleares) anunció que le compró Agua Pesada a Rumania a 317 USD/tn. Menos de la mitad que el costo de la PIAP.
Queda el argumento, no trivial, de la defensa de las fuentes de trabajo. Bueno, la planta quedó (luego del proceso realizado en 2018/2019) con 85 operarios, los necesarios para mantener la planta. Lo primero que deberían hacer es no contratar nuevos. Porque contratar gente para una planta que no opera, en base a presunciones difusas, para luego decir que el objetivo de todo es para “defender las fuentes de trabajo” de la gente que se contrató, no es muy serio.
Pero vale la pena poner foco en el mentado plan de reactivación. Es un plan a 25 meses que arrancó en abril de este año y finalizará en abril de 2025 (con otro gobierno más que instalado en sus funciones). Recién en ese momento la planta (de cumplirse los plazos) estará en condiciones de producir su primer gramo de agua pesada. En abril de 2025.
Para ello, el “Acuerdo Específico” firmado entre CNEA y la empresa operadora de la planta (de la que CNEA posee el 50% del paquete accionario) determina que el costo total para poner en marcha una de las líneas es de 26.786 millones de pesos a precios de abril de este año (ya es un precio antiguo). De esos, apenas 4.576 millones de pesos se desembolsarán en 2023, 13.367 millones en 2024 y 5.843 millones en 2025. Es decir, el “plan estratégico” deriva el 83% del gasto al próximo gobierno. Habría que discutir algún día sobre si corresponde que los gobiernos aprueben “planes estratégicos” plurianuales en los últimos meses de gestión.
Además, esos 4.576 millones de pesos estarían siendo sub-ejecutados, de acuerdo a la información disponible. En la práctica sólo se estaría pagando el salario de los 110 operarios (ya son 35 más) y algo más. El resto seguramente será devengado y no pagado, es decir, deuda para el siguiente gobierno. No hay tal plan, hay un documento que anuncia algo cuyos costos deberá pagarlos el próximo gobierno.
Mientras tanto, actualmente los precios tanto de los fertilizantes como del gas están en valores muy altos, y se han estabilizado altos. El trabajo realizado por la Agencia Argentina de Inversiones en 2019 determina que, a estos precios, la inversión para reconvertir la planta para la fabricación de un producto muy demandado (fertilizantes basados en urea) es perfectamente viable.
América Latina es importadora neta de urea. Sólo Brasil y Argentina producen, pero Brasil produce 1 millon tn/a y consume 6 veces esa cantidad. Argentina produce 1,5 millones tn/a y consume 2 millones. La planta de la empresa Mega (en Bahía Blanca) cubrirá la demanda local cuando termine su ampliación. Queda un potencial de exportación a la región de 9 millones/tn año, con competidores sobre demandados y lejos del continente. La planta puede producir 1,1 millón tn/a. Toda su producción puede ser absorbida por Brasil y Chile.
Es ahora cuando hay que actuar, buscando un socio privado, para convertir a la planta en el centro de un polo de producción de insumos para el agro. De esa manera se generaría empleo privado genuino, de calidad, bien remunerado y -sobre todo- sostenible en el tiempo.
Eso deberían estar haciendo los funcionarios y ejecutivos responsables de la planta, en lugar de buscar dinero público para un proyecto insostenible y caro fiscalmente, que derivará en una nueva frustración para los trabajadores y la comunidad.
