La incapacidad para dar respuestas en cuestiones claves acentúa la incertidumbre en torno de la gobernabilidad y su impacto en la economía hasta fin de 2023
:quality(80)/s3.amazonaws.com/arc-authors/lanacionar/2089293.png)
¿En qué país del mundo ha funcionado tener subsidios energéticos por 3 o 4 puntos del PBI para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social? Esta pregunta de Martín Guzmán tuvo como destinataria a Cristina Kirchner, luego de que Alberto Fernández lo habilitara esta semana a replicar la controvertida “clase magistral” de la vicepresidenta en Chaco antes de ventilar la fractura del oficialismo durante su inconducente gira por países europeos. Pero no recibió respuesta de funcionario alguno del Frente de Todos; incluso del ala K, que resiste los ajustes de tarifas de electricidad y gas con sobredosis de demagogia electoral.
Aunque resultan incómodas, las primeras siete palabras de este interrogante son necesarias para indagar al FDT y a buena parte de la dirigencia política, sobre por qué la Argentina está como está.Ads by
Con el mismo formato se podría preguntar qué países progresan con una inflación superior a 65% anual; cuáles lograron reducirla sin acuerdos políticos ni un plan económico consistente y creíble; si pudieron atraer más inversión privada –local o extranjera– con exceso de intervención estatal, alta presión tributaria y reglas de goma; o aplicar políticas redistributivas exitosas en medio de una década de estanflación. Sería útil además que los periodistas lo incorporaran como rutina en las entrevistas; y, en el plano doméstico, incluyan quién pagará los costos de cada nueva medida o propuesta y qué beneficios tendría a corto y mediano plazo. Al menos serviría para que funcionarios y legisladores no salgan del paso sólo con “sarasa” o medias verdades y contesten con datos o números comprobables.
El problema es que el FDT no puede brindar respuestas al unísono a todas las preguntas planteadas por Guzmán en el mismo reportaje radial. Tampoco el propio ministro. Esta realidad acentúa la incertidumbre en torno de la gobernabilidad y su impacto en la economía hasta fin de 2023.
Como una remake del film Kramer vs. Kramer de los años 70 llevada a la política, el enfrentamiento Fernández (Cristina) vs. Fernández (Alberto) no sólo pone a la vista que el kirchnerismo ya actúa abiertamente como opositor al Gobierno. También que sus diagnósticos sobre los problemas económicos son incompatibles y jaquean el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario, cuyo principal objetivo es evitar una crisis de mayor magnitud por falta de dólares. No se trata de un “debate de ideas” como sostuvo CFK, sino que su ideología populista impide siquiera intentarlo.
La expresidenta está convencida erróneamente de que el exceso de emisión monetaria no genera inflación y se niega a reconocer que el congelamiento de las tarifas de energía durante su gestión, a costa de fenomenales subsidios estatales, catapultó el déficit fiscal y evaporó las reservas del Banco Central. Ahora que la historia se repite, pero agravada por la fuerte suba de precios internacionales del gas y el petróleo desatada por la guerra en Ucrania, los funcionarios de La Cámpora y el Instituto Patria presionan con la misma receta, tras haber aplicado módicos aumentos tarifarios de 9% en 2021 y de 20% en enero de 2022 frente a una inflación acumulada de 126 % en dos años.
El test más cercano para este conflicto político dentro del Gobierno será el desenlace del ajuste segmentado de tarifas de electricidad y gas natural que regirá a partir de junio y hasta fin de 2023. Sobre todo, porque pondrá a prueba la dudosa amenaza de Alberto Fernández en Berlín de relevar de sus cargos a quienes no implementen el esquema de tarifas y subsidios acordado con el FMI, mientras el secretario de Energía y los interventores K en los entes reguladores (Enre y Enargas) faltaron sin aviso a las tres audiencias públicas (no vinculantes) de esta semana y delegaron la presentación oficial en funcionarios de terceras líneas.
El Enre y el Enargas son los encargados de aplicar los aumentos de 40% en los precios mayoristas del gas natural y de 25% en energía eléctrica, donde el Estado cubre hasta ahora el 75% de los costos, que en ambos casos tendrán un impacto de 20% en las facturas y no incluyen cambios en el valor de distribución ni transporte.
También de instrumentar la compleja segmentación de tarifas por geo-referencia y niveles socioeconómicos (anticipada por esta columna hace tres semanas) que, al eliminar los subsidios al 10% de los usuarios residenciales con mayor capacidad de pago y establecer ajustes diferenciales, modifica los porcentajes finales. Así, los usuarios con tarifa social tendrían una suba de 6% en electricidad, pero no en gas (ya que el 20% sería absorbido por el aumento de enero); el resto (no segmentado) de 42% y el segmento sin subsidios, de 200 a 300%; o sea, entre tres y cuatro veces más que hasta ahora.
El especialista Alejandro Einstoss, del Instituto General Mosconi afirma que, para trasladar el aumento del gas a las tarifas será necesaria una nueva audiencia pública, por lo cual no se llegará al 1° de junio con los nuevos cuadros. Por su lado, las distribuidoras de electricidad y gas estiman que necesitarán alrededor de 60 días para procesar las bases de datos patrimoniales y de ingresos de cada usuario “segmentado” que suministrará el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) antes de emitir las nuevas facturas.
Con este panorama, los aumentos de tarifas impactarán en el índice de precios al consumidor de junio, aunque los usuarios no los pagarían antes de agosto. A esto se suman los denominados “efectos de segunda ronda” sobre la inflación.
Por caso, los grandes usuarios industriales de electricidad (GUDI) que compran directamente a las distribuidoras, dejarán de estar subsidiados y tendrán un aumento de 73%, que implicaría un traslado a precios de 10 a 15%. Y otro tanto ocurrirá con los de gas con contratos directos con las petroleras, cuya renovación anual incluye precios superiores a los del Plan Gas. Una situación similar ya produce la última suba de 10% en el precio de los combustibles que, si bien aporta 0,4% al IPC de mayo, elevará los costos de fletes y transportes que utilizan gasoil. Aun así, los nuevos precios resultan 50% inferiores en dólares a los que rigen en países limítrofes, lo cual explica la aplicación de topes para cargar en las provincias argentinas.
A nivel macroeconómico, los futuros aumentos tarifarios de luz y gas no permitirán reducir el abultado gasto público en subsidios a los precios mayoristas de la energía sino, a lo sumo, para desacelerar su ritmo exponencial de crecimiento. Sólo en el primer cuatrimestre de este año treparon a casi $ 420.000 millones (con un alza 78,7% en términos reales respecto del mismo período de 2021) y equivalieron al 41% del gasto primario total.
Para dar una idea de magnitud, esa cifra equivale al doble del costo fiscal estimado para el Refuerzo de Ingresos (con bonos de suma fija por única vez) que se abonará este mes a jubilados, trabajadores informales y monotributistas de las dos categorías más bajas y algunos denominan “plan platita II”. No por casualidad el Ministerio de Economía se encargó de recordar el pago apenas se difundió la inflación de 6% abril y la consecuente suba de 2 puntos en las tasas de interés, a fin de atenuar el impacto de la noticia pese al adelantamiento de las paritarias y del ajuste anual del salario mínimo vital y móvil.
Aunque el FDT no explica que con una inflación de 58% anual los sueldos formales quedan rezagados entre el período en que se acuerdan y se abonan, el kirchnerismo redobla la apuesta con propuestas testimoniales como el salario básico universal, cuyo costo fiscal significaría agregar más combustible a la escalada inflacionaria y a la incertidumbre económica.
(*)Publicado en el sitio LA NACION el 14 de mayo de 202200:02
