Por Daniel Darrieux.
En el libro “La República Corporativa” (1988), Jorge E. Bustamante plantea que: “La verdadera pregunta debe indagar acerca de cuáles son las reglas de juego de la comunidad que inducen conductas productivas. Es decir, qué pautas de acción colectiva motorizan la creatividad, el deseo de asumir riesgos y la vocación inversora”.
Al hacer referencia a las causas de la parálisis colectiva, agregaba: “El sistema económico argentino es hoy el resultado, entre otros factores, de una larga historia de presiones sectoriales. El frondoso reglamentarismo surgió como forma inorgánica de canalizar dichas presiones, obteniéndose resultados no deseados, plagados de contradicciones y neutralizaciones recíprocas.
En lo referido a las normas que regulan actividades, Bustamante plantea que: “La sociedad cerrada o bloqueada se caracteriza por el número creciente de disposiciones particulares y concretas, que luego hacen necesarias aclaraciones y excepciones. Son las “políticas” sectoriales…”.
La república corporativa que brillantemente describe Jorge B. Bustamante en su libro es producto del intervencionismo estatal que generó una maraña de regulaciones, disposiciones y burocracia que frenaron la creación de riqueza. Por ello, no es casualidad que Federico Sturzenegger, Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en una de las presentaciones de su proyecto “Ley de Hojarasca”, hiciera referencia al libro “La República Corporativa”. Hay una máquina de impedir —recordando también el libro de Emilio Perina— que frenó la creación de riqueza, y que el gobierno de Javier Milei está avanzando para desmontar.
¿POR QUÉ DESREGULAR?
La desregulación económica maximiza el bienestar social al eliminar las trabas estatales que asfixian la iniciativa privada y distorsionan el mercado.
Sus beneficios son:
• Mayor eficiencia: Los recursos se asignan por precio, no por burocracia.
• Estímulo a la innovación: Menos trámites permiten la creación rápida de nuevos modelos de negocio.
• Baja de precios: La libre competencia elimina monopolios artificiales protegidos por el Estado.
• Aumento del empleo: La flexibilidad laboral incentiva a las empresas a contratar sin miedo a litigios o costos regulatorios.
• Atracción de inversiones: Un marco de reglas claras y sin intervenciones atrae capital local y extranjero.
• Soberanía del consumidor: El ciudadano elige libremente qué comprar sin que el gobierno decida por él.
La «Ley Hojarasca» —cuyo nombre técnico es “Proyecto de Ley de Derogación de Legislación Obsoleta”— tiene como premisa económica fundamental que el exceso de leyes muertas, controles vetustos y burocracia inútil eleva el «costo argentino», destruye la seguridad jurídica y avasalla las libertades individuales.
El proyecto, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, propone la eliminación de unas 70 leyes y decretos dictados entre 1864 y 2015.
Desde la perspectiva de la libertad económica, los fundamentos centrales del proyecto se agrupan en cuatro pilares:
1. Eliminación de restricciones a la libertad y la propiedad
El marco teórico liberal postula que el Estado no debe interferir en las decisiones individuales ni en el uso de la propiedad privada si no hay daño a terceros.
Por ello, se derogan leyes que limitan de forma directa el ejercicio de la industria o la disposición de bienes.
Ejemplo: La derogación de la Ley 14.800 (que obliga a construir un teatro de similares características a quien demuela un edificio teatral) y de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes Culturales, la cual ponía un tope de 30% a la participación de capitales extranjeros en empresas de comunicación. El fundamento oficial es que estas normas violan el derecho de propiedad, son de dudosa constitucionalidad y ahuyentan la inversión externa.
2. Remoción de trabas obsoletas ante el avance tecnológico
El dinamismo tecnológico de los mercados privados siempre va más rápido que la capacidad regulatoria del Estado. Mantener leyes viejas genera riesgos legales absurdos.
El fundamento
• Ejemplo: La Ley 20.577, que obligaba a que cualquier innovación en los sistemas de transmisión de televisión a color pasara por una aprobación previa del Congreso. El argumento es que esta norma carece de aplicación práctica y es un estorbo frente a la celeridad de las telecomunicaciones modernas.
3. Limpieza de normas superadas por legislación posterior
La superposición de regulaciones genera lo que los economistas llaman «inflación legislativa», lo cual oscurece las reglas de juego para comerciar, producir e invertir.
• Ejemplo: Las Leyes 21.778 y 23.678, vinculadas a contratos de exploración de hidrocarburos y liquidación de regalías de gas. El argumento técnico es que quedaron totalmente obsoletas tras las sucesivas reformas a la Ley de Hidrocarburos vigente (Ley 17.319), por lo que mantenerlas solo generaba confusión normativa.
4. Corte del financiamiento público a corporaciones
El Estado no debe utilizar el dinero de los contribuyentes para sostener estructuras corporativas o políticas que bien pueden autofinanciarse en un mercado competitivo.
Se busca pasar de la dependencia estatal a la autonomía privada. Aquí el proyecto no disuelve las entidades, sino que les quita el auxilio del Tesoro Nacional.
• Ejemplo: Las modificaciones a la Ley 24.807 (Federación Argentina de Municipios) y a la Ley 20.984 (Círculo de Legisladores). El fundamento explícito es que, si sus miembros desean participar, deben sostenerlas con recursos propios o cuotas privadas, liberando al Estado Nacional de ese gasto.
En este contexto, el ministro Sturzenegger detalló decenas de regulaciones obsoletas, corporativas e incluso absurdas que asfixian al sector privado argentino. Los ejemplos que suele mencionar pueden agruparse en varias categorías críticas.
Regulaciones comerciales e intervenciones de precios
El funcionario expone expone frecuentemente cómo el Estado normalizó controles que destruyen la previsibilidad de las pymes:
• Fijación de precios de la carne y lácteos: Citó normas históricas (como las Resoluciones 1/2006 y 26/2007) que obligaban a los productores a acordar precios máximos con el gobierno. Explicó que esto generaba desabastecimiento artificial y fundía a los eslabones más débiles de la cadena.
• Control de cupos de exportación: Regulaciones que exigían autorizaciones burocráticas previas para poder vender alimentos al exterior, lo que destruía contratos internacionales de la Argentina.
MONOPOLIOS Y PRIVILEGIOS CORPORATIVOS (TRANSPORTE Y COMERCIO EXTERIOR)
Para el economista, el peor daño ocurre cuando el Estado usa la regulación para impedir la competencia genuina:
• El monopolio de las agencias de viaje: Regulaciones que exigían un sinfín de trámites presenciales y costosos seguros para operar una agencia turística, impidiendo que plataformas digitales o emprendedores independientes compitieran libremente.
• El “peaje” aduanero y de transporte: Sturzenegger criticó en reiteradas ocasiones, restricciones en la navegación y el transporte de pasajeros, donde los permisos de rutas dependían de la discrecionalidad de los funcionarios, encareciendo el flete local e internacional.
• La exclusividad de despachantes de aduana: Trámites que obligaban a cualquier importador a pasar forzosamente por intermediarios corporativos, en lugar de permitir procesos de autogestión digitalizada ágiles.
REGULACIONES Y CORRUPCIÓN
El argumento central de Sturzenegger en todas sus defensas de la desregulación es que “detrás de cada trámite inútil o regulación forzosa, siempre hay alguien que cobra un peaje a expensas del que trabaja”.
Esto se está demostrando, una vez más, con la corrupción que se generó con el control de cambios: se simulaban importaciones para obtener dólares al precio oficial y se los vendía al precio del dólar blue, obteniendo grandes ganancias con un simple “pasamanos”.
También, el “peaje” que se cobraba para acelerar tiempos para sacar importaciones de la Aduana.
Como bien plantea Enrique Ghersi, economista peruano, el intervencionismo estatal crea dificultades para “vender” facilidades. Mejor resumido, imposible.
En resumen, los fundamentos de la «Ley Hojarasca» demuestran que un país no es más desarrollado por tener más leyes, sino por tener leyes claras, justas y mínimas que dejen trabajar en paz a los ciudadanos.
En el contexto de la aprobación de la Ley de modernización laboral, la desregulación del mercado de trabajo es la herramienta más potente para eliminar el desempleo estructural, formalizar la economía y aumentar los salarios reales mediante el incremento de la productividad. Cuando el Estado deja de intervenir en la relación contractual, el trabajo pasa a ser un acuerdo libre y mutuamente beneficioso.
MECANISMOS CLAVE DEL LIBRE MERCADO LABORAL
• Reducción del costo de contratación: Al eliminar impuestos al trabajo, rigideces de convenios colectivos arcaicos y cláusulas de despido prohibitivas, las empresas contratan personal sin percibir al empleado como un riesgo legal o un pasivo financiero futuro.
• Fin de la informalidad (trabajo “en negro”): Las regulaciones excesivas expulsan a los trabajadores menos calificados hacia la marginalidad laboral. Un marco flexible incentiva la registración inmediata de toda la fuerza de trabajo.
• Negociación directa y personalizada: Empleador y empleado pactan salarios, horarios y condiciones según las necesidades individuales y la realidad de cada sector, omitiendo la intermediación forzosa de cúpulas sindicales.
• Aumento del salario real por productividad: Sin topes paritarios ni salarios mínimos artificiales (que actúan como barreras al empleo joven), el ingreso de los trabajadores sube de forma genuina a medida que las empresas compiten entre sí por captar el mejor talento disponible.
• Flexibilidad ante crisis: Permite a las empresas adaptar sus estructuras a los ciclos económicos en lugar de quebrar debido a regulaciones rígidas, salvaguardando la continuidad del ecosistema productivo.
La evidencia demuestra que, cuando los gobiernos retiran las regulaciones rígidas del mercado laboral, la economía responde de inmediato con dinamismo, creación de puestos de trabajo y mayor productividad. Al eliminar los monopolios sindicales y las trabas a la contratación, los países logran salir del estancamiento de forma rápida.
EXPERIENCIAS CONCRETAS DE FLEXIBILIZACIÓN LABORAL EXITOSA.
1. Nueva Zelanda y la Employment Contracts Act (1991)
A principios de la década de 1990, Nueva Zelanda arrastraba años de estancamiento económico y alta desocupación debido a un mercado laboral corporativista y centralizado. El gobierno liberalizador implementó una de las reformas más audaces del mundo moderno: la Employment Contracts Act de 1991.
• La reforma: Se abolió el sistema nacional de arbitraje forzoso y los convenios colectivos obligatorios. El monopolio legal de los sindicatos fue desmantelado.
Se permitió que cada empleador y empleado negociaran contratos de forma individual o por empresa, adaptando las condiciones a la realidad de la productividad real.
• El resultado: La tasa de desempleo bajó drásticamente en los años siguientes, la productividad laboral se disparó y las empresas ganaron una flexibilidad operativa sin precedentes que convirtió a Nueva Zelanda en una economía abierta altamente competitiva a nivel global.
2. El modelo de Flexicurity en Dinamarca (década de 1990)
A finales de los años 80, Dinamarca sufría un desempleo estructural persistente (“euroesclerosis”). En lugar de optar por subsidios pasivos eternos, el país nórdico modificó sus regulaciones laborales mediante un esquema que demostró el poder de la libertad de contratación.
• La reforma: Se consagró la libertad absoluta para contratar y despedir de forma rápida (flexible hiring and firing). Las empresas obtuvieron el derecho de ajustar sus plantillas sin costos de despido regulatorios prohibitivos, ni preavisos eternos, ni litigios judiciales.
Al perder el miedo a quedar “atrapadas” con un empleado ineficiente o costoso en épocas de vacas flacas, las empresas se lanzaron a contratar masivamente en épocas de crecimiento.
• El resultado: Dinamarca logró mantener una de las tasas de empleo más altas de Europa y una desocupación estructural notablemente baja. El mercado se volvió tan dinámico que un desempleado danés promedio tarda apenas unas semanas en reinsertarse en un nuevo puesto de trabajo.
3. Las reformas de las leyes Hartz en Alemania (2003-2005)
A comienzos de los años 2000, Alemania era calificada como “el enfermo de Europa” debido a su rigidez laboral y un desempleo que superaba el 11%. Las llamadas “Reformas Hartz” desregularon aspectos críticos del mercado.
• La reforma: Se liberalizó el trabajo temporal (agencias de colocación), se flexibilizaron los despidos en pequeñas empresas y se crearon los Mini-Jobs (puestos de trabajo desregulados, con baja carga impositiva y sin las rigideces del salario convencional).
Los sectores menos calificados y los jóvenes —antes excluidos por el alto costo estatal de contratación— pudieron ingresar legalmente al mercado formal mediante contratos ágiles y adaptados.
• El resultado: Alemania experimentó el llamado “milagro del empleo”. El desempleo se redujo a menos de la mitad en la década posterior y el país resistió la crisis financiera global de 2008 con una solidez laboral muy superior a la del resto del continente.
CONCLUSIONES
La evidencia histórica muestra que la protección legal no crea empleo; la libertad para contratar y producir es la que genera oportunidades genuinas.
