Juan Trebino es abogado y director de Consenso Patagonia, una ONG que difunde información sobre la ausencia del Estado frente al conflicto territorial que cuestiona el derecho de propiedad en la Patagonia. Entrevistado por IMPACTO ECONÓMICO, abordó la complejidad de dicha conflictividad territorial, los desafíos legales que enfrentan las comunidades y la participación del Estado en los episodios más violentos. Además, destaca la labor de la asociación en visibilizar estos problemas a nivel nacional y su enfoque en encontrar soluciones pacíficas y legales.
¿Cuáles son los ejes de trabajo de Consensos Patagónicos?
Tenemos diferentes ejes temáticos de acción, un eje estrictamente comunicacional por intermedio de las redes sociales, plataforma web, a través de mi persona, en calidad de director ejecutivo de la asociación, donde doy a conocer y visibilizar esta problemática que, durante muchos años, no estuvo visibilizada.
Solo se hablaba de la conflictividad territorial que había con los pueblos indígenas argentinos en zonas aledañas, donde se producían los conflictos. Nosotros lo que hicimos fue posicionar este tema en los medios nacionales a lo largo del tiempo.
Otro es el estratégico y legal. Tenemos una comisión compuesta por más de 30 abogados, con diferentes estudios. Asesoramos a comunidades, pequeños productores, personas damnificadas por este conflicto, asociaciones civiles, juntas vecinales. Tenemos todo un gran marco y paraguas de acción que tienen un gran basamento legal, que en parte de este conflicto, se trata de cuestiones estrictamente jurídicas.
¿El asesoramiento es sólo a las comunidades reconocidas?
Exacto. Asesoramos a diferentes comunidades, a pobladores que están en conflicto con otras comunidades o supuestas comunidades. Digo “supuestas comunidades” porque hay algunos que arrogan ser comunidades que no son tales, por no tener representatividad, ni personería, ni los requisitos jurídicos y legales.
Más allá de la autoproclamación y de la autopercepción de comunidad, hay comunidades indígenas que son pacíficas, inmersas dentro del sistema legal argentino. Que conviven, tienen su territorio, quieren progresar, subsistir y conseguir viabilidad económica a sus pequeñas producciones.
Hay una gran diferencia…
Sí…en el último Foro que hicimos el año pasado en San Martín de los Andes, estuvieron los loncos de la comunidad Curruhuinca y Vera, junto con el intendente de San Martín de los Andes. El lonco de la comunidad Curruhuinca dijo algo muy importante: “somos mapuches argentinos que queremos vivir dentro de un estado de derecho argentino, para que nuestros derechos sean reconocidos”.
¿Qué interesante no? Pone distancia y difiere de aquellos que, arrogándose una supuesta representatividad o una supuesta comunidad, desconocen al Estado argentino, viviendo en este territorio.
…Y además desarrollan acciones violentas para plantear supuestas reivindicaciones…
Lo dijo la Corte Suprema de Justicia muchas veces, también la Corte Suprema de Río Negro en el caso de Buenuleo: “no se puede acceder a las vías de hecho, quien quiera o crea tener un derecho que se le está vulnerando o se lo tienen que reconocer, hay que acceder a los canales institucionales y legales que la Argentina tiene como Estado”. Se debe acceder a la justicia para que se le reconozca este derecho, porque si no es anarquía.
¿Cuáles son los principales focos de conflicto?
Uno tiene que ver con lo que sucedió en Villa Mascardi, tiene varias causas y hechos en la misma zona. A mi criterio fue la causa más violenta que ha tenido este conflicto en la Patagonia Argentina. La más violenta, donde el Estado también fue parte y cómplice de este accionar, de esta supuesta comunidad Winkul Mapu.
Arrogándose una reivindicación territorial, se instalaron en la zona y empezaron no solamente a tomar los terrenos de Parques Nacionales, sino que se fueron extendiendo y tomando los terrenos linderos como el Arzobispado de San Isidro, el predio de Gas del Estado así como también de titulares privados.
También, la quema de la casa de Diego Frutos, de Luis Dates, que fue el último atentado que hicieron. Y el ataque a miembros de Gendarmería que estaban custodiando la zona. Juan Grehan y María Giménez Tournier son otros de los propietarios damnificados. Un hecho de mucha violencia y crueldad.
¿Y en cuanto a la complicidad del Estado Nacional?
Hay dos hechos que demuestran que el Estado Nacional, la gestión de Alberto Fernández y la anterior de Cristina, han sido cómplices en este caso. En plena pandemia, cuando no podíamos salir de nuestras casas, el señor Pilquiman, vicepresidente del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), utilizaba los recursos públicos de todos nosotros, trasladaba gente en vehículos oficiales a la toma de Villa Mascardi, y desde ese lugar a Bariloche, además llevaba víveres y provisiones.
Otro hecho que demuestra que ha sido cómplice fue el acuerdo que quisieron celebrar en junio del año 2023, donde el Estado Nacional se sienta con gente que está procesada y algunos prófugos, vándalos, terroristas, a celebrar un convenio, reconociéndoles un montón de derechos. Diciéndoles: “señores, hagamos que no ha pasado nada, extingamos las acciones penales, ustedes se van a su casa y no solamente eso, sino que les permito ingresar a los predios de parques nacionales, voy a construir casas, les vamos a dar tierras en el lago Guillelmo para que ustedes se desarrollen como tal, los voy a inscribir y a reconocer su supuesta comunidad que nunca existió”, entonces es un delirio esta causa.
Los damnificados no fueron invitados a participar de este acuerdo…
No, de hecho el día que se celebró ese acuerdo, los damnificados estaban en la Avenida Libertador fuera de las oficinas del INAI, mientras que adentro estaba el ex secretario de Derechos Humanos Pietragalla Corti (Horacio), el presidente del INAI, Marmoni (Alejandro), la directora de mujeres y género del Ministerio, Cortiñas (Nora), Pérez Esquivel (Adolfo). Todos sentados con estos delincuentes a espaldas de la sociedad, celebrando un convenio, diciendo “terminemos con este conflicto” y los damnificados afuera… inadmisible.
Este acuerdo fue anulado…
El acuerdo fue presentado por esta supuesta comunidad, en un expediente donde se estaban tramitando las usurpaciones de los predios de Parques Nacionales, la de los titulares y algunos privados. El juez Greca de Bariloche, en esta presentación homologa este convenio, el fiscal y conjuntamente la Junta Vecinal Lago Mascardi, -a la cual nosotros también asesoramos-, se presentan y apelan esa resolución.
El juez Greca la rechaza y nos vamos en queja ante la Cámara de Casación Penal y, por suerte, pone un paño de legalidad y de racionalidad a este conflicto, anulando este acuerdo que se celebró oportunamente. Le ordena al juez que fije fecha de juicio oral para que todos estos delincuentes sean juzgados por los ilícitos que cometieron.
Otra situación muy grave es la interrupción en la traza de la Ruta 40…
Sí. En Villa La Angostura, una comunidad denominada Paicil Antriao, mediante diferentes reclamos territoriales, pide el reconocimiento de un asiento de 13 hectáreas de la zona. En la cual están incluidos el Cerro Belvedere, parte del Lago Correntoso, del camping, el puerto Elma, entre otros. Ojalá fuera solamente un reclamo territorial para ser canalizado por el estado de derecho, son todas usurpaciones por las vías de hecho.
Dentro de todas estas usurpaciones, cuando se licita la Ruta Nacional 40 para hacer la circunvalación de Villa La Angostura y que, todo el tránsito pesado y de materiales no pase por el medio de la ciudad, los miembros de esta comunidad se enteran de esta nueva traza de la autopista ¿Qué hacen? Van y toman las tierras, justo en el bypass de la vieja ruta con la circunvalación.
Conclusión: la obra se encuentra parada hace más de dos años sin poder terminarse, donde el Estado nacional y provincial han invertido miles de millones en la construcción, y no la han podido terminar por cinco o seis lotes de ahí.
Lo que pasa siempre, el Estado cómplice, que hace un año atrás se sentó con estas personas y negociaron un acuerdo que obviamente nunca se cumplió.
Estos conflictos se producen, además de ser multifactoriales, por la ausencia del Estado.
La obra de Ruta 40 es muy importante para conectar con Chile…
Sí, es una ruta internacional muy importante, bioceánica y una arteria clave en el comercio de toda la Patagonia. Muestra que el ciudadano que vive en Villa La Angostura, que paga sus impuestos, que hace todo en norma y trata de cumplir y tener la habilitación en regla, se le rían en la cara.
Imagínense que esta comunidad estaba explotando el camping Correntoso de Villa La Angostura, donde vendían alimentos, tenían el buffet del club, cobran entrada sin ningún tipo de habilitación de nada, ni bromatológica, ni municipal.
Entonces, cómo se les puede exigir a los comerciantes que están sobre la Ruta 40, que paguen sus impuestos, que estén habilitados, con medidor de luz, cuando por otro lado, el Estado permite que algunos vivos, alegando ser de una comunidad, le den todos los privilegios.
CONSENSO PATAGONIA
Es una asociación civil sin fines de lucro, con cuatro años de actividad. Está integrada por habitantes de la Patagonia: Rionegrinos, neuquinos, chubutenses. Comerciantes, empresarios, productores y empleados preocupados por la ausencia de respuestas del Estado frente al conflicto territorial que cuestiona el derecho de propiedad en la Patagonia.
Difunden información y realizan acciones para visibilizar esta problemática y arribar a una solución pacífica en el marco del estado de derecho.