Por Hernán Secreto (*).
Argentina es un país que se distingue. Y para muchos de nosotros, posee todo el potencial para convertirse en uno de los verdaderos faros del mundo. Sin embargo, para alcanzar ese destino aún quedan muchas conversaciones por dar y acuerdos por construir, especialmente aquellos que permitan eliminar las asimetrías que nos mantienen alejados de esa distinción.
El nuevo escenario político e institucional que se abrirá a partir del 10 de diciembre del corriente año permitirá prever que el Gobierno podrá destinar mayor energía a las reformas estructurales pendientes en materia fiscal, laboral y previsional.
Desde una mirada regional, las asimetrías se manifiestan con fuerza tanto a nivel interno —entre distintas industrias— como a nivel externo, frente a las empresas de otros países que realizan actividades similares y compiten con las argentinas en los mercados más sofisticados.
En el plano interno, basta observar el costo laboral de las industrias intensivas en mano de obra, como la vitivinicultura, la citricultura o la fruticultura de nuestra región, en comparación con el sector del software, beneficiado por exenciones impositivas y cargas sociales reducidas. Este contraste es aún más llamativo si se considera que las principales empresas tecnológicas del país deberían poder competir globalmente sin depender de tales beneficios.
En el plano externo, la brecha es igualmente evidente. Las maquinarias agrícolas, por ejemplo, pueden costar hasta un 50% más en Argentina que en países vecinos, solo por efecto de los impuestos asociados al “código postal”. Un tractor que en Chile cuesta USD 25.000 puede valer USD 50.000 en Argentina. Una pick-up de origen China que en Chile ingresa al país por USD 21.100 como valor de importación y se comercializa a USD 29.000, en Argentina se vende en torno a los USD 50.000, cuando el valor de ingreso al país es el mismo que en el país vecino. A partir de allí, todos los costos vinculados —seguros, mantenimiento y repuestos— se encarecen proporcionalmente, generando una pérdida de competitividad en cada eslabón de la cadena productiva.
Por otro lado, la estructura impositiva refuerza estas distorsiones. La combinación de tributos municipales, provinciales y nacionales ejerce una presión extraordinaria sobre las empresas. En algunos municipios, las distribuidoras de energía eléctrica deben incluir en la emisión de sus facturas de servicios “tasas y contribuciones” que pueden alcanzar el 15% del valor del consumo, a lo que se suma un IVA del 27%. El resultado: uno de los costos energéticos más altos del mundo. A esto se agregan los impuestos y aranceles municipales para habilitaciones comerciales, todo decidido en forma fragmentada por distintos niveles de gobierno. El impacto acumulado ahoga la competitividad y encarece la producción al punto de cierres de empresas y destrucción de empleo.
El régimen de Ingresos Brutos y el Convenio Multilateral agravan aún más la situación, multiplicando el costo total del producto y distorsionando la cadena de valor.
En materia laboral, Argentina lleva más de una década sin crear empleo con una creciente proporción de trabajo informal. Es urgente abordar una reforma laboral que promueva la formalización y la generación de empleo genuino. En los países desarrollados no existen las indemnizaciones por despido tal como se aplican aquí; en cambio, los incentivos se orientan hacia la capacitación, la movilidad laboral y la competencia entre empresas por retener talento. Esto genera un círculo virtuoso: las compañías ajustan su estructura con mayor agilidad ante crisis, mientras el Estado acompaña con seguros de desempleo temporales, permitiendo que la economía se recupere más rápido.
Otra asimetría se observa en las negociaciones paritarias, especialmente en el ámbito rural. Las realidades productivas del país son muy heterogéneas: no puede equipararse la productividad del agro tecnificado con la de la fruticultura o las industrias intensivas en mano de obra. En el agro puede haber 10 empleados cada 1.000 hectáreas, mientras que en las economías regionales intensivas puede haber hasta 1.500 trabajadores en la misma superficie. Pretender que los salarios sean equivalentes en ambos casos genera distorsiones que afectan la rentabilidad, destruyen valor y, en última instancia, empleo.
Una mayor flexibilidad para que cada región, provincia o industria negocie sus condiciones laborales de forma diferenciada —con los debidos resguardos— haría al sistema más equitativo y eficiente. Modelos similares existen en países como Alemania, Italia o Estados Unidos, donde las estructuras laborales se adaptan a la productividad local.
En definitiva, el desafío consiste en revisar cuidadosamente cuánto valor se pierde en cada eslabón de la cadena productiva, la falta de competitividad frente a países que producen lo mismo y las trabas que impiden crear más y mejor empleo.
Con una mirada optimista, puede afirmarse que Argentina tiene todo el potencial para ser uno de los faros del mundo. Pero para lograrlo, debemos animarnos a sostener las conversaciones pendientes y alcanzar los acuerdos necesarios que permitan eliminar las asimetrías que frenan su desarrollo.
(*) CFO Grupo Prima SA. CPN (UB). Máster en finanzas corporativas (CEMA). Integrante del Comité Organizador de la Convención del IAEF.
