El director de Salud y Riesgos del Trabajo del Grupo Sancor, Mauricio Miretti, advierte que el sistema de riesgos de trabajo atraviesa una de las peores crisis judiciales de su historia. Con más de 135.000 juicios previstos para 2025, la litigiosidad se disparó a niveles nunca antes vistos.
¿Cómo está la actividad en el mercado de las ART?
Está muy compleja la situación. El sistema de riesgo está complejizado y con tendencia creciente en lo que es la judicialidad, el déjà vu. Inclusive con números y tendencias históricas de juicios para este año 2025 o ejercicio económico, si se quiere. Se está esperando arriba de los 135.000 juicios nuevamente al sistema ingresado; acá no hablo de stock, sino de juicios iniciados anualmente al sistema de riesgo trabajo.
Alto el número…
Alto, histórico. El peor año en judicialidad en el sistema de riesgos fue en el año 2016-2017, antes del cambio de la nueva ley, en donde tuvo una tendencia decreciente en esos momentos, pero con un efecto rebote y hoy superando inclusive esos indicadores históricos de judicialidad.
Una problemática que es general, que está atomizada inclusive, no es que sea el problema de una provincia, de dos provincias o de tres; tampoco de una empresa en particular, actividad o tamaño.
Tiempo atrás, la judicialidad estaba muy basada en grandes empresas, en alguna empresa de sector público o empresas de fuerza de seguridad; hoy está totalmente atomizada en diferentes empresas, lo que complejiza aún más la situación. Pero sí, está en una situación muy complicada el sistema; esto no es un problema de una ART en particular o de dos, sino un problema sistémico, pero muy complejo.
Como siempre, se plantea el riesgo de que una PYME pueda desaparecer por un juicio laboral…
Es tal cual; lo lamentable de esto es que es un sistema que funciona desde mi punto de vista, excelente. Por supuesto que es perfeccionable en miles de cosas el sistema de riesgo de trabajo, pero el nivel de cobertura que brinda desde lo prestacional (las prestaciones en especie como económicas) es un sistema muy completo.
Inclusive comparado con países como Chile, que tiene un sistema de riesgo de trabajo comparable, con más de 60 años de historia, o España.
Cuando hablamos de industria al juicio (para que uno tome dimensión), Argentina llegó por primera vez este año a niveles de índices de incidencia de accidente iguales a los de estos países, que era algo hasta difícil llegar.
Creció; estamos en la mejor tendencia a lo más bajo en índice de accidentes, es decir, hay una prevención muy importante. Eso tiene que ver con el sistema de riesgo de trabajo, pero también tiene que ver con las empresas; el mismo empleado tiene una cultura preventiva mucho más importante, pero estamos en la tasa de accidentes igual a la que tiene Chile, con muchos más años de historia, o España.
Cuando comparamos esa misma tasa judicial, cada 10.000 trabajadores cubiertos, Chile tiene una tasa de 4.1, España una tasa de 5.6, Argentina, nosotros 127.9.
Esa es la industria del juicio y es lo que la hace difícil. No me imagino un sistema, un empresariado que no exista. Justamente, el sistema de riesgo de trabajo nace en el año 1996, por una industria del juicio que existía con accidentes de trabajo en ese momento, y estos juicios entraban directamente a las empresas, actividades y sobre todo al mercado PYME, que lo nombraste muy bien porque es el más afectado. Si tenía un juicio, directamente tenía que bajar las persianas.
Hoy esta industria se transformó (del 96 hasta ahora) y estamos viviendo una misma tendencia judicial como la de aquel momento.
¿Qué está fallando? ¿Por qué el problema se agrava en lugar de tender a disminuir la litigiosidad?
Es increíble, pero hay una situación también que hay que decirla: existe una recesión importante todavía económica. Si bien se estabilizó la economía desde el punto de vista inflacionario, la cantidad de cápitas aseguradas que tiene el sistema, no crece; es más, hay un decrecimiento de nómina, hay pérdida de empleo que pasa a la informalidad.
Hoy el sistema está cubriendo 10 millones de trabajadores aproximadamente. Y hace muchos años que está ese número, desde el 2014 que fue la inclusión del empleo doméstico al sistema de riesgo, pero siempre se mantuvo, inclusive decreciendo. Ni hablar en la época de pandemia, pero es una situación que no crece.
Sumado a eso, creo que la solución, en este cambio de ley que nombré al principio y que se dio en el año 2017, hubo cambios de forma y de fondo que tenían que ver con más cobertura, actualización de las incapacidades a los trabajadores, sacó los techos que había indemnizatorios. Aumentó el nivel de cobertura… Y razonablemente, no crítico, sino lo contrario. Pero solamente no se cumplió con el punto dos de la ley, que eso es irrisorio.
La justicia laboral depende de cada provincia, y el artículo dos del cambio de ley hablaba de que cada provincia, después de adherirse (ya lo hicieron 18 provincias de Argentina) y reglamentar la nueva ley, hablaba de que todas las provincias conformen los cuerpos médico-forenses, o sea, que los peritos médico-judiciales no estén atados, como es hoy en la mayoría de la jurisdicción o de las provincias; sus honorarios están atados al juicio.
Río Negro tiene cuerpo médico colegiado en donde sean asalariados, que hagan el dictamen, el porcentaje de incapacidad en base a la revisión médica en sí. Que no sea mayor ante más incapacidad, mayor el salario, y eso no se implementó en ninguna provincia, solo en Mendoza después de la adhesión, pero no de una manera en donde todos los pasos de las pericias pasen por ese cuerpo colegiado, y creo que es el punto pendiente de esta situación.
Neuquén y Río Negro están adheridas a la nueva ley de riesgo de trabajo; Río Negro tiene desde antes el cuerpo médico forense, la verdad que funciona muy bien y por eso las tasas. Vos comparás hoy con Río Negro; independientemente de la masa de empleados, la tasa judicial de la provincia de Neuquén es dos o tres veces más que la de Río Negro, y tiene que ver con que la medida implementada por el gobierno rionegrino.
Hay jueces del fuero laboral que no respetan los fallos de la Corte Suprema de Justicia…
Hay muchos casos que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, favorables al cambio de ley, al sistema, al respeto de la vía administrativa obligatoria, juzgada en comisión médica una vez que se efectivice. A tasas de actualizaciones, porque es lo otro irrisorio, y no solo es la tasa judicial que existe, sino la tasa de intereses en que se van aplicando interés sobre interés, generando un anatocismo en lo que es ese “interés de interés”, que es una locura. Por ahí, lo más complejo en la provincia de Buenos Aires y CABA, con muy buenos fallos, pero después en cámara realmente salieron otras sentencias independientemente de los fallos de la Corte Suprema de Justicia.
En línea con la necesidad del objetivo de sumar más empleados en blanco al mercado formal laboral, esta litigiosidad es un gran obstáculo. Esta problemática que nosotros vivimos como aseguradora de riesgo de trabajo es la misma que tiene o que sufre hoy una empresa, un mercado o empresario PYME en tomar, porque tiene la misma instancia judicial. Y la verdad es que hace que no sea competitivo, que no crezca el mercado laboral, que exista más informalidad, que es lo que hoy está pasando, pero sí, es una deuda pendiente que tenemos en Argentina, esta industria de juicio que haría mucho más razonable este sistema.
¿Por qué lo afecta?
Nosotros, como aseguradora, esto es directamente proporcional; lamentablemente, a más juicio, más alícuota, más costoso es el sistema. Es una carga hoy para el empleador que recibe un aumento de alícuota, pasando porque es una necesidad, porque no hay una solución en ese sentido.
Es un problema porque actualmente, el empleador está con ajustes de costos, en esta economía de cómo está viviendo, pero es una necesidad que tenemos y, vuelvo, no sólo prevención ART, es un problema sistémico.
