Hay una serie de cambios estructurales que deberá hacer quien gane las elecciones de 2023, si se quiere terminar con los problemas socio económicos que afectan a la Argentina desde hace décadas
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En la Argentina hay un consenso bastante amplio sobre la necesidad de reformas de todo tipo, ante la evidencia de que no se pueden lograr resultados diferentes si se hace siempre lo mismo, o peor, que antes. Pero también existe otro en sentido abstracto: la mayoría de los sectores (políticos, sindicales, empresariales y sociales) apoyan las reformas sólo si no afectan sus beneficios o privilegios y se aplican sobre los demás.
Bajo estas condiciones cualquier acuerdo resulta imposible, ya que las reformas implican costos de corto plazo a cambio de beneficios futuros. Algo que asumen los propios políticos que evitan las internas para definir candidaturas, rechazan el uso de la boleta única en reemplazo de las listas sábana o, aún en las peores crisis, se resisten a reducir el número de legisladores –como lo hizo Italia en 2020 por referendum– y mucho menos el de sus asesores rentados. También quienes dicen respaldar la independencia de la Justicia, pero se dedican a agregar más pasos procesales que extienden durante décadas los juicios por corrupción. O desacatan el fallo de la Corte Suprema para reformular el Consejo de la Magistratura, como acaba de hacerlo el kirchnerismo en el Congreso con su fracasado intento de seguir designando jueces militantes “amigos”.
El gobierno de Alberto Fernández celebró que el acuerdo con el FMI no exigiera reformas estructurales, como si la obsoleta legislación laboral impulsara la creación de empleos para reducir la pobreza; o el sistema previsional no estuviera en quiebra porque sólo 1 de cada 4 jubilados cuenta con los años de aportes que establece la ley, según un informe de Idesa. Como contracara, enfrenta la inflación mensual más alta de los últimos 20 años y un nivel de inversión tan bajo (18% del PBI, tras el repunte de 2021), que apenas cubre la depreciación del stock de capital y acentúa el deterioro de la infraestructura.
Frente a este decepcionante panorama, la necesidad de reformas es uno de los principales ejes de la agenda de trabajo para un programa integral de estabilización, crecimiento y cambio de régimen económico “apolítico y desideologizado” (sic), que está elaborando el equipo del instituto de estudios (Ieral) de la Fundación Mediterránea bajo la conducción de Carlos Melconian. Al presentar sus lineamientos hace dos semanas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el economista afirmó que el programa estará disponible para quien gane la elección de 2023. Y que, a su juicio, tendrá el desafío de gobernar en coalición, buscar acuerdos con la oposición y discutir con los otros poderes un marco legal viable para defender una Argentina capitalista y progresista, que recree la cultura del trabajo y la estabilidad de la moneda.
Una síntesis sólo enunciativa de los marcos legales iniciales y algunas de las reformas propuestas, revela la magnitud de la tarea pendiente para sacar al país de la estanflación de los últimos años y la decadencia de las últimas décadas, salvo cortos períodos de estabilidad y crecimiento que no fueron sostenibles.
– Marco legal para una nueva institucionalidad fiscal. Regla fiscal estructural, con límites al gasto, el endeudamiento y el empleo público. Reforma administrativa. Fondo anticíclico. Fondo mixto (público y privado) para incentivar la investigación y el desarrollo. Nueva relación Nación- Provincias: Coparticipación federal. Reforma tributaria. Acuerdos de asociación interprovincial.
-Marco legal para un salto de la productividad privada. Desregulación amplia, abarcativa y capitalista – incluyendo un marco específico para la inversión en energía- con remoción de obstáculos y trabas, a diferencia de la desregulación sectorial y a medida. Liberar el potencial de los sectores con posibilidad de exportar para regionalizar el desarrollo. Incentivos a la interacción público – privada en ciencia, investigación y desarrollo, que integre al sistema educativo y al desarrollo tecnológico del sector privado.
–Reforma del gasto público: Replanteo de los subsidios económicos, con una reforma integral del sector energético para introducir racionalidad en los precios relativos, incorporar compromisos globales y generar señales para recuperar y hacer crecer la inversión privada. Ídem para el sector transporte.
-Sistema previsional para los nuevos trabajadores y una regla estable y realista para el régimen residual teniendo en cuenta la quiebra del actual esquema. Unificación de regímenes y eliminación de dobles beneficios. Sistemas complementarios de retiro. Flexibilidad en la decisión de la edad de retiro. Replanteo total del FGS para cumplir objetivos a futuro.
-Riguroso análisis de prioridades en la inversión pública. Reducir el costo de administración del Estado, con reformulación del presupuesto de la estructura burocrática para eliminar la superposición de funciones e intensificar el uso de nuevas tecnologías. Revisión de todos los organismos descentralizados. Nuevo esquema de contratos de gestión de las empresas públicas, que incluya la apertura al capital privado a través del mercado de capitales u otras alternativas.
-Asistencia social y equidad. Reformas al gasto social, con mejor focalización, sin superposición de jurisdicciones, sistemas de pago y de quiénes y cómo asignan los planes sociales, con énfasis en la educación y la capacitación. Consolidación de programas y eliminación de filtraciones para aumentar la cobertura en sectores muy marginales, la eficacia distributiva y reducir el clientelismo. Incentivos para que las empresas contraten a beneficiarios de planes y éstos elijan la formalidad.
-Guía para una reforma tributaria. Reducción del sesgo anti- exportador. Bajar los impuestos al trabajo. Privilegiar una menor presión tributaria para actividades transables. Simplificar los procedimientos tributarios para reducir costos. Incentivos impositivos para la reinversión de utilidades, en particular en investigación y desarrollo. Eliminación de superposiciones tributarias y mayor visibilidad (que el consumidor conozca el componente impositivo de sus gastos).
-Relaciones laborales. Reordenamiento de los impuestos al trabajo para maximizar la formalidad. Actualización de los convenios laborales, según la situación regional, el tamaño de las empresas y el cambio tecnológico. Redefinición del concepto y alcance de contingencia laboral, en particular para las pymes. Modificaciones regulatorias para reducir la judicialización de los conflictos.
-Reforma de la organización federal. Mayor correspondencia fiscal, con recomposición de la autonomía de las provincias en la recaudación de impuestos y revisión del régimen de coparticipación. Eliminar la superposición de impuestos sobre una misma base imponible. Fondo transitorio para transferencias de nivelación de capacidad y necesidad fiscal, con asignación específica a educación, salud e infraestructura.
-Régimen monetario y cambiario. Reconocer legalmente la bimonetariedad de la economía argentina. Sin moneda, no hay mercado de capitales local, ni financiamiento para la inversión privada de las empresas medianas y pequeñas, ni para el acceso de las familias a bienes durables y vivienda. El régimen monetario que se adopte y su contribución al crecimiento es altamente dependiente de la política fiscal y la solidez del balance del Banco Central para poder reconstruir un mercado de capitales genuino. Y el régimen cambiario sólo será exitoso si logra incrementar la oferta genuina de divisas y el regreso al circuito productivo del ahorro externo de los argentinos y extranjeros. En cualquier régimen cambiario libre, la apertura a la movilidad plena de capitales es un punto de llegada y no de partida.
(*) Publicado en el sitio LA NACION el 16 de abril de 202202:55
