OPORTUNIDADES PERDIDAS

OPORTUNIDADES PERDIDAS

Por Micaela E. Jara. Licenciada en Comercio Exterior (*)

Recientemente una empresa de capitales extranjeros radicada en la ciudad de Neuquén se vio afectada por la burocracia del gobierno para importar bienes usados.

En plena pandemia, la compañía comenzó con los trámites de importación  de 5 componentes necesarios para un equipo de perforación. A principios de julio 2020 se presentó el trámite de CIBU (CERTIFICADOS DE BIENES USADOS). Este trámite demoraba aproximadamente 30 días. Con el cambio de gobierno, el plazo se extendió a 60 días. Por ello, a mediados de agosto del 2020, la empresa decidió ingresar la mercadería al país y dejarla almacenada a la espera de la aprobación del CIBU, sin estimar todas las trabas que se les presentaría a futuro.

Estos 5 componentes se habían ingresado antes bajo el régimen de importación temporal, para dar cumplimiento al mencionado régimen, hubo que sacarlos del país y de esta manera queda cancelada la importación temporal. Se los transporta a Chile mientras se hace la gestión para volveros a ingresarlos, quedando almacenados en zona franca del vecino país. Ello implicó para la empresa una erogación de  u$s 140.000 por el almacenamiento y la gestión de los trámites.

El trámite del CIBU –para volver a ingresarlos al país – se vio afectado por demoras. Los componentes necesarios para el funcionamiento del equipo de perforación, son de origen norteamericano e italiano, no tenían sustitutos de producción nacional. No hubo forma de que las cámaras vinculadas a la actividad lo entendieran. Entre idas y vueltas de subsanación de expediente y ampliaciones, finalmente en abril del 2021 se notifica a la empresa que el trámite sería rechazado. La empresa en cuestión debió reembarcar la carga para sacarla del país y enviarla a Colombia, en donde dicha compañía desarrolla operaciones.
Ya salieron 26 camiones y faltan unos 19 más para completar la salida del  equipo.

La empresa no solo perdió 10 meses de almacenaje, sino también la posibilidad de invertir en bienes de capital valuados en más De U$S 1.400.000. Y el gobierno dejó de recaudar los impuestos que corresponden abonar por este tipo de importaciones que rondan entre un 40 /55 % del valor en Aduana de la mercadería.

Este caso es un claro ejemplo de que en determinadas situaciones no se trata de falta de inversión por parte de las empresas, sino de la burocracia  de organismos públicos que generan obstáculos y mayores gastos para invertir en el país y la región. Y también del lobby proteccionista de empresas y cámaras empresariales.                                       

(*) Integrante de la consultora PYXIS.